Director de Políticas Pesqueras de la Comisión Europea
César Deben Alfonso: í‚´La propia política comunitaria lleva a la flota a cometer infraccionesí‚´
"La falta de cultura de respeto a las normas crea una lógica de que todo vale y que mientras no te cojan tienes derecho a infringir la ley"
Las sanciones por pesca ilegal en la UE son "ridículas" y "no son homogéneas" según el director de Políticas Pesqueras de la CE, César Deben, que considera que se deben imponer sanciones disuasivas para acabar con la tradición de que "el pescador más vivo sale adelante y los demás pagan". Además, denuncia la complicidad de las administraciones con el sector por "perdonar" las infracciones
MANUEL BARRAL | A CORUíƒâ€˜A Acabar con la pesca ilegal se ha convertido en una de las prioridades de la Comisión Europea en materia de pesca. En junio del año pasado se aprobó una nueva normativa y está previsto que antes de 2010 esté listo otro reglamento que la complementaría. Todo para que los controles pesqueros sean más eficaces. El director de Políticas Pesqueras de la CE, César Deben, es el principal abanderado de estas medidas.
-¿Cuál es la situación en Galicia, España y Europa en lo que a la pesca ilegal se refiere?
-Es mala en general. El primer principio de nuestra reforma es evitar criminalizar al sector pero la situación es mala por dos motivos: el primero por fallos estructurales de nuestra política de pesca que implican que el sector tenga que estar en una posición de infracción sistemática. Son errores de sobrecapacidad, reparto de derechos de pesca, de gestión de esos derechos, que nos lleva a que si hay una flota sobredimensionada en relación con las cuotas, es evidente que para sobrevivir hay que hacer sobrepesca y cometer infracciones.
-¿Y el segundo?
-Este es más profundo. La falta de cultura de respeto a las normas. La actividad del pescador es difícil de programar porque cuando haces un lance puedes capturar juveniles o bajo talla y tienes dos opciones, tirarlos al mar o guardarlos. Esto, unido a una crisis permanente, crea una lógica de que aquí todo vale y que mientras que no te cojan tienes derecho a cometer la infracción.
-¿Y qué hay que hacer?
-Hay que cambiar esa cultura porque las administraciones tampoco tienen una cultura de respeto. Tenemos una política en la que las sanciones son prácticamente inexistentes o muy pequeñas. La sanción media para infracciones muy graves ha caído un 50% cada año en los últimos tres. En 2004 era 4.000 euros la sanción media, ridículo, en 2007 se bajó a 2.400 y en 2008 a 1.200, por la misma infracción. Y son irregularidades muy graves.
-¿Cuáles son las más habituales?
-Por ejemplo, navíos encontrados sin licencia. Se les pone una multa que supone una cuarta parte del valor de la licencia. Está claro que al año siguiente ese armador no va a pagar la licencia si la multa representa el 25% de su precio. No queremos criminalizar a nadie pero tenemos que contar con un sistema que funcione, en el que haya un mínimo de sanción que sea disuasiva. Hasta ahora se ha provocado que el más vivo salga adelante y los demás pagan, con lo que hay una degeneración de la lógica económica y provoca un perjuicio a las empresas.
-Sobre el primer fallo al que se refería, los armadores dicen que la nueva normativa demostrará que la política europea no funciona porque muchas veces tienen que camuflar las capturas que hacen para adaptarlas a las cuotas que tienen.
-Exactamente. Pero también se podría decir que si se hubiese adaptado la flota a las cuotas que se tenían no habría ese problema. Pero no vamos a polemizar porque tienen una parte de razón.
-¿Ellos argumentan que a algunos países se le asignan cuotas que no les llegan mientras o otros les sobran?
-Es lo que llamamos el principio de estabilidad relativa. El problema es que esa estabilidad se calculó hace 20 años y no se ha actualizado, está desfasada, y es uno de los temas que tenemos que arreglar en el marco de la reforma de la Política Comunitaria de Pesca. Se ha abierto ya un debate para la reforma pero hemos pensado que el tema de control no podía esperar.
-Decía antes que es frecuente que los gobiernos cierren los ojos ante las infracciones pesqueras. ¿Pasa en Galicia y España?
-La tolerancia de las administraciones viene dada porque la pesca está concentrada geográficamente en ciertas zonas y eso le da a la pesca un eco y una mediatización mucho mayor de la que debería ser en relación a su peso en el Producto Interior Bruto de un país. Pero la pesca hoy en día es relativamente marginal en las economías europeas.
-¿Ese mayor eco favorece su protección?
-Es un sector en crisis permanente, subvencionado, y los Gobiernos tienen la tendencia a protegerlo, a perdonarlo, a mirar a otra parte. Sin embargo, cuando la CE estableció el balance de la política de control, ningún país puso en tela de juicio este balance.
-¿Hay consenso entonces sobre la propuesta de control?
-Hay bastante consenso sobre la necesidad de cambiar la política. Creo que el sector también lo acepta aunque dice que hay que discutirlo y ver cómo se modifican esos fallos estructurales que llevan a cometer infracciones de forma prácticamente obligatoria. Si hay una modificación de cuota radical de un año para otro, si se rebaja un 70%, es evidente que o desguazamos el 70% de la flota o la que se queda tiene la obligación de incurrir en infracción. Hay que cambiarlo y acabar con esa falta de cultura de respeto a las normas del sector.
-¿Qué va a representar el carné por puntos dentro de la nueva normativa?
-El carné por puntos llama la atención sobre todo en España por la reciente implantación del permiso por puntos para el carné de conducir. En el resto de países casi no ha tenido ningún eco. La normativa prevé dos permisos por puntos: uno para el barco, al que se podrá quitar la licencia, y otro para los capitanes, porque ellos tienen que entrar también en esa lógica de respeto y cumplimiento de las normas.
-¿Por qué cree que los armadores y los sindicatos han cuestionado en España la medida?
-No la han cuestionado. Están preguntando cómo va a funcionar, cuáles son los mecanismos, las garantías. Han pedido información sobre cómo funcionará. Ellos tienen miedo de que cuando pescan en aguas de un estado miembro que no es España que vayan a ser discriminados con un tratamiento más radical, más fuerte contra ellos que contra navíos del país en cuestión. Hay que garantizar que el tratamiento es unánime.
-¿Lo de homogeneizar las sanciones va por este camino?
-Es uno de los problemas graves que detectamos cuando lanzamos la propuesta y es que hay una gran falta de armonización, incluso en las técnicas de control. No puede ser que si usted está pescando en aguas españolas en la frontera con Portugal tenga un tipo de sanciones y al otro lado de aguas portuguesas la misma infracción tenga distinta sanción.
-Otra de las medidas anunciadas es quitar o reducir las ayudas a los estados miembros que incumplan las leyes.
-Eso en realidad ya existe. La CE ha impuesto sanciones a los países y a las empresas. Esto ya existía en el antiguo Fondo Europeo de la Pesca (FEP), hasta hace tres años, y en el último se suprimió porque no se consideró oportuno. Pero es volver al principio. No es lógico que un estado miembro que se niega a respetar las normas siga siendo financiado por el FEP. No se trata de sancionarlos sino de suspender las ayudas y, si no se corrige esa situación, se reducirían las subvenciones.
-¿El objetivo es que los países se impliquen, que sean más estrictos?
-Sí, que se acabe con esa lógica de tolerancia y pasemos a un principio de tolerancia cero.
-¿En la Xunta y el Gobierno hay receptividad?
-Sí, todos los ministros europeos lo aceptan. Pero hay que ver cómo se pone en marcha y piden que se corrijan esos fallos estructurales de la PCP de los que hablábamos al principio.
-¿El reglamento se prevé que esté aprobado para 2010?
-Sí, está previsto que entre en vigor en 2010 y es importante que así sea porque completa al otro reglamento de la pesca ilegal aprobado por la UE el pasado junio. Este reglamento implica una importante simplificación en la legislación comunitaria de pesca. En temas de control hay 27 leyes comunitarias en vigor y la idea es que quede una sola. Los expertos aseguran que esto reducirá un 50% los costes para el sector en materia de control.
Fuente:
www.laopinioncoruna.es
